Corte Suprema suspende efecto de ilegal cabildo realizado en Tocoa por Adán Fúnez
La Sala de lo Constitucional admite recurso de amparo del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Tegucigalpa. – Los efectos de la resolución del cuestionado cabildo abierto realizado en Tocoa, Colón, quedaron en suspenso, luego que la Sala de lo Constitucional notificó la admisión del recurso de amparo interpuesto por las y los integrantes del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Celebrado ayer, jueves 13 de junio, en medio de fuertes protestas por parte de la ciudadanía a la que se le restringió su participación, la consulta resultó en la aprobación del proyecto termoeléctrico a base de coque de petróleo.
La decisión de la Sala de lo Constitucional fue realizada el miércoles 12 de junio, un día antes de la celebración del cabildo, y notificada hasta este viernes 14 de junio, o sea un día después de la polémica consulta en la que participaron únicamente cuatro personas elegidas por el edil.
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Fuentes consultadas por Criterio.hn refirieron que, al haberse realizado el cabildo, lo que queda es suspender los efectos de la resolución. Es decir que la decisión del cabildo no puede ser utilizada para seguir con el proceso del trámite de solicitud de licencia definitiva de parte de Inversiones Ecotek, del empresario Lenir Pérez.
En consecuencia, hasta que haya una sentencia definitiva se conocerá si la Corte Suprema de Justicia valida o no la decisión tomada en el cabildo, el cual fue llevado a cabo al ser notificado tardíamente de la decisión de la Corte Suprema.
Previo al cabildo abierto, la población de Tocoa se movilizó desde tempranas horas de la mañana en oposición al proyecto energético que es promocionado desde el oficialismo como una solución a la problemática energética que enfrenta el municipio.
ACTO RECLAMADO SUSTENTADO EN IRREGULARIDADES POR PARTE DE ECOTEK
Señalaron que es importante analizar el acto reclamado, que corresponde a la ausencia de regulación del combustible a utilizar por la planta termoeléctrica, que corresponde a coque de petróleo o petcoke, “sin estar esta sustancia altamente tóxica contemplada en el marco regulatorio nacional de emisiones de plantas de generación eléctrica”.
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A esto, se suma el conocimiento que tenía la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) de la utilización de actas falsificadas para otorgar la licencia operativa. Por lo que, aseguran, se buscaba validar a través del cabildo abierto un proceso delictivo de origen porque previamente, el 4 de mayo de 2020, a la empresa se le otorgó una licencia operativa basada en un acta falsificada.
El proyecto termoeléctrico Ecotek es uno de los siete componentes del megaproyecto minero instalado en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía. La licencia del componente minero ASP venció en 2024, mientras que a ASP2 nunca se le extendió permiso.
Pese a la conclusión de la concesión minera, Inversiones Los Pinares – Ecotek, ambas del Grupo Emco, mantienen influencia sobre el municipio de Tocoa, al punto que impulso el controvertido cabildo abierto en el que únicamente votaron cuatro personas elegidas por el alcalde Adán Fúnez.
Ocho defensores del agua en Tocoa fueron criminalizados y privados de su libertad arbitrariamente durante más de 900 días, por oponerse al megaproyecto minero en la reserva natural.
Además de contar con el apoyo de Fúnez, el proyecto termoeléctrico a base de coque de petróleo también fue respaldado en 2023 por el titular de la Serna, Lucky Medina, quien descalificó a Leonel George, regidor de Tocoa y defensor del agua criminalizado por la empresa antes mencionada.
Defensores del ambiente en Tocoa han sido criminalizados y asesinados por oponerse al megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. En 2023 fueron asesinados los defensores Jairo Bonilla, Alí y Oquelí Domínguez, estos últimos dos hermanos del también defensor Reynaldo Domínguez.
Al cierre de esta nota, tras conocerse la admisión del recurso de amparo por parte de la Sala de lo Constitucional, la Unión Europea realizó “un llamado a garantizar procesos eficaces de socialización y de consulta previa, promoviendo el pleno respeto a los derechos humanos, y fortaleciendo el estado de derecho, la democracia y la lucha contra el cambio climático”.
