Incertidumbre permea megaproyecto minero en Tocoa pese a aprobación del Decreto 18-2024
Tegucigalpa. – Aunque en teoría el Decreto Legislativo 18-2024 inhabilita las concesiones mineras en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía, la situación de los componentes mineros del megaproyecto instalado en la zona protegida continúa bajo un velo de incertidumbre.
Así lo afirmó la representante legal del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Rita Romero, durante un espacio en el que se analizaron los Estudios de Impacto Ambiental de la planta peletizadora de óxido de hierro y la planta termoeléctrica a base de coque de petróleo, ambas de Inversiones Ecotek.
“No hemos recibido, hasta la fecha, información de acciones institucionales que den muestra del cumplimiento del decreto 18-2024”, aseguró a Criterio.hn al ser consultada directamente sobre el tema.
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Romero sostuvo durante su intervención que el estado de los componentes mineros ASP y ASP2 de Inversiones Los Pinares, instalados en la zona protegida continúan bajo incertidumbre. Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, forman parte del Grupo EMCO, presidido por el empresario Lenir Pérez.
En mayo de 2022, la sociedad civil pidió a la entonces administración entrante investigar los contratos pactados con Lenir Pérez. Como resultado el Congreso Nacional nombró una comisión para examinar el contrato del aeropuerto de Palmerola a cargo del Grupo EMCO, pero no se han presentado los resultados. Foto: Emy Padilla/Criterio.hn
Aportó que en la actualidad ASP, que corresponde a 100 hectáreas, ya venció la concesión minera y para marzo de 2025 vencerá la licencia ambiental. Mientras que ASP2, también de 100 hectáreas, su concesión vence en septiembre de 2024, y que nunca contó con licencia ambiental.
LICENCIA AMBIENTAL AUSENTE EVIDENCIA IRREGULARIDADES
La abogada explicó que la concesión minera requiere dos permisos, una licencia ambiental extendida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), y una vez que está es entregada, se procede a firmar el contrato de concesión con el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) para la exploración y explotación mineral.
Apuntó que es en el componente minero de ASP2 donde ocurrió un notorio acto de corrupción –ya denunciado ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública– al extenderse la concesión minera por parte de Inhgeomin sin la existencia previa de una licencia ambiental de la Serna.
De estar siendo implementado el decreto legislativo 18-2024, publicado en el diario oficial La Gaceta el 6 de mayo, ambos componentes “estarían totalmente fuera del escenario”, debido a que esta ley manda el resguardo del Parque Nacional Carlos Escaleras y otras áreas protegidas de la actividad minera, señaló Romero.
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Es decir que a partir de la publicación del decreto 18-2024, las autoridades de la Serna e Inhgeomin no pueden legalmente renovar licencias ambientales y concesiones mineras, respectivamente, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía.
Romero aclaró que existe un concepto erróneo con relación a que este decreto únicamente protege a la Montaña de Botaderos, cuando en realidad, esta protección se extiende al resto de áreas protegidas, aun cuando estas no estén inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable.
“La mayoría de las áreas protegidas no están inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable y esa era la puerta de salida que tenía la autoridad minera para firmar contratos”, pormenorizo.
El Decreto 18-2024 reforma el artículo 32 de la Ley de Minería, protegiendo todas las zonas protegidas de Honduras, independientemente de si estas están inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable.
En cuanto a las plantas termoeléctrica y peletizadora de óxido de hierro –que son otros dos componentes del megaproyecto minero instalado en Tocoa–, Romero señaló que estas han ido extendiéndose físicamente a través de una licencia operativa de mayo de 2020 y una licencia funcional de febrero 2018, respectivamente, ambas extendidas por la Serna y que se han ido ampliando en el tiempo.
“Se supone que está trabajando a medio vapor”, declaró Romero con relación a la planta peletizadora, la cual tiene una concesión que vencerá en diciembre de este año.
En relación con la planta termoeléctrica a base de coque de petróleo, esta recientemente cobró relevancia luego que el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, impuso el proyecto a través de un cabildo abierto ilegal y arbitrario. Esta semana, el tribunal de honor del Partido Libertad y Refundación (Libre), del cual Fúnez es miembro fundador, anunció la recomendación de expulsarle de dicho instituto político.
