Gobierno de Honduras bajo presión para investigar asesinato de Juan López y cumplir promesa contra minería
Tegucigalpa, Honduras. – La presión para una investigación independiente y exhaustiva para identificar y sancionar a los actores políticos y económicos responsables del asesinato de Juan López, regidor y defensor de los bienes comunes y públicos de Tocoa, continúa.
Más de 20 organizaciones firmaron una declaración exigiendo una investigación inmediata que identifique a los responsables, incluidos quienes dieron la orden para la ejecución del crimen. Así como el cumplimiento de la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro de poner fin a la minería a cielo abierto en Honduras.
Las organizaciones no gubernamentales hicieron, además, un llamado al gobierno hondureño para que fortalezca las medidas de protección a los ambientalistas y activistas.
Cinco días después del asesinato de Juan López, la Corte de Apelaciones de La Ceiba revocó el sobreseimiento en favor de cinco defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras, López entre ellos, quienes fueron criminalizados por oponerse a la instalación de un megaproyecto minero en la reserva natural. Ilustración: Guillermo Burgos
“Exigimos una investigación inmediata sobre su asesinato, con las autoridades apropiadas, aprobadas y examinadas por el CMDBCP, para que los responsables, incluidos quienes ordenaron el crimen, sean llevados ante la justicia”, lee el documento.
PIDEN IVESTIGACIÓN INMEDIATA Y EXHAUSTIVA
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), en su primera conferencia de prensa tras el asesinato de Juan López, exigió una investigación independiente y exhaustiva. Remarcaron su rechazo a la participación de la Fiscalía de Tocoa y la Unidad de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA).
Joaquín Mejía, abogado y doctor en derechos humanos, propuso la creación de una comisión internacional que acompañe al Ministerio Público en las líneas de investigación con el objetivo de llegar hasta los autores intelectuales.
Joaquín Mejía, abogado y doctor en derechos humanos. Fotografía: Horacio Lorca/Criterio.hn
Mejía, quien ha litigado casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), expuso que la desconfianza en el Ministerio Público radica en la demostrada parcialidad a favor de las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek en detrimento de los defensores ambientales.
Para demostrar “voluntad de determinar la verdad de los hechos”, el profesional del derecho opinó que la presidenta Xiomara Castro y el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, deben solicitar “a la Comisión Interamericana de DDHH la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes para brindar asistencia técnica internacional en la investigación de estos casos, y crear un programa de atención y reparación a las víctimas”.
Esta opinión fue secundada por otros otros abogados defensores de derechos humanos y organizaciones. “Alianza Americas, Centro Presente y Lawyers for Civil Rights exigen a la presidenta de Honduras que tome medidas decisivas y efectivas para ofrecer protección a los defensores ambientales y demandan una investigación penal internacional efectiva que determine los autores intelectuales y materiales de este crimen”, publicó mediante un comunicado las tres entidades de sociedad civil.
PIE DE FOTO: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió justicia y protección para los defensores ambientales de Tocoa y una investigación “pronta y diligente” que tome en cuenta la labor de defensoría de López como posible móvil del crimen.
MINERÍA A CIELO ABIERTO CONTINÚA EN HONDURAS
En su Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, la presidenta Xiomara Castro prometió “eliminar las concesiones de minería a cielo abierto que atentan contra el patrimonio natural de la nación, y desplazan comunidades”.
Una verificación de esta promesa –publicada en la sección de El Mirón de Criterio.hn – encontró que la minería a cielo abierto persiste pese a las promesas de parar la actividad.
El titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, aduce que la promesa ha sido cumplida argumentado que no se han dado concesiones mineras y la publicación del Decreto 18-2024. La primera afirmación no pudo ser verificado ante la negativa estatal de brindar información, Mientras que la segunda, el Decreto 18-2024, que protege de la minería a todas las áreas protegidas de Honduras, no ha sido implementado.
PIDEN FORTALECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A DEFENSORES
Juan López, junto a otros y otras integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), era beneficiario de medidas cautelares emitidas en octubre de 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales no fueron ejecutadas por el Estado hondureño.
Cuatro días antes del asesinato de Juan López, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió la alerta temprana 005-2024, en la que realizaba una serie de recomendaciones ante la ausencia de la implementación de las medidas cautelares emitidas por la CIDH.
Las organizaciones firmantes recordaron que Global Witness, en su informe de 2023 “Voces Silenciadas” señaló a Honduras como uno de los países más peligrosos para los defensores del ambiente y el territorio.
Entre las veinte organizaciones firmantes de la declaración en relación al asesinato del líder ambiental Juan López, están: Latin America Working Group, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el colectivo Witness for Peace, Familias Unidas en Acción y la Iniciativa Causas Raíz, entre otras.
