Defensores de Guapinol cumplen dos años de prisión arbitraria

Tegucigalpa.- Defensores del Río Guapinol cumplen dos años de estar en prisión preventiva arbitraria y el Estado de Honduras a través del Ministerio Público (MP) pretende ampliar el plazo por seis meses más, lo cual es totalmente ilegal señalan defensores de derechos humanos y profesionales del derecho.

El también defensor de Guapinol, Leonel George en una conferencia de prensa, expresó que las comunidades afectadas por la entrega de la zona núcleo del área protegida en el “Parque Nacional de la Montaña Botaderos Carlos Escaleras” a un concesionario ilegal ubicado en Tocoa, Colón han sido victimas de intimidación, amenazas, hostigamiento y criminalización, por parte de esta empresa.

La concesión minera “Inversiones Los Pinares” no es viable en esta zona, por ser un lugar productor de agua y oxígeno para todas las comunidades adyacentes. Sin embargo, bajo procesos irregulares e ilegales se ha impuesto, han sido dos años de daños evidentes para el Río Guapinol y el Río San Pedro, al igual que en las comunidades ha creado daños sociales que se ven reflejados en la conflictividad de las zonas.

Además, la persecución clara por parte del Estado y sus instituciones que han creado un clima de hostigamiento a los defensores, en su momento fueron requeridos por el MP 32 defensores sin ningún tipo de prueba que avale dichos requerimientos fiscales, dijo George.

De esas 32 personas requeridas, ocho continúan en prisión preventiva de manera arbitraria, en este proceso también han sido señaladas personas que ya fueron asesinadas, lo que indica que la empresa minera se ha impuesto por medio del control institucional y no han seguido el procedimiento legal y han hecho abuso de poder.

La municipalidad de Tocoa es cómplice de esta arbitrariedad, ya que entregó constancias adulteradas y falsificó firmas de patronatos de Guapinol para que la empresa minera siguiera funcionando, mención el defensor.

Por su parte la esposa de unos de los privados de libertad, Juana Zúniga, expresó en esta conferencia que ha sido un proceso difícil para las familias de los afectados, desde la detención de los defensores se empezó la persecución hacia los líderes de las comunidades.

El papel nefasto que ha jugado el MP es notorio, el único delito que se ha cometido es la defensa de los ríos, hemos exigido durante todo este tiempo la liberación de nuestros familiares y no hemos sido escuchados e incluso con un cabildo abierto se ha reclamado y no hemos recibido respuesta, manifestó Zúniga.

Luchamos por quedarnos en nuestras comunidades y no migrar como lo hacen miles de compatriotas, sin embargo, recibimos amenazas e intimidaciones fuertes por parte de las autoridades y la empresa involucrada, pero “la libertad de nuestros compañeros no se negocia, seguiremos luchando”, apuntó Zúniga.

Edy Tabora de la defensa legal en este caso, dijo que los defensores son personas inocentes con un juicio político y en el marco de ese contexto se han realizado varías acciones legales que han permitido confirmar nacional e internacionalmente que es un juicio político en el cual el MP y el Poder Judicial quieren castigar a los defensores.

Ellos se presentaron sabiendo que eran inocentes, en aquel momento con cargos sumamente graves, como ser incendio agravado, delito de daños, robo, asociación ilícita, todas ellos inventados por el MP, dijo Tabora.

Se realizó una audiencia inicial en la cual el MP presentó pruebas falsas y pese a eso se estableció la detención ilegal, a pesar que ninguno de los acusados cometió dichos delitos, en estos momentos no hay nada que avale la extensión de la prisión preventiva, ya que el código procesal penal establece que la prisión preventiva solo puede durar dos años, plazo que los detenidos han cumplido, explicó Tabora.

La defensa también ha exigido a la sala de lo constitucional que resuelva los amparos presentados en este caso, además de un habeas corpus por parte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y no se ha resuelto.

Respecto al tema, Mery Agurcia del comité de la liberación de los presos políticos, también argumentó que el Estado se ha vuelto vengador y militarizado, que ha provocado impacto en los defensores y oponentes políticos logrando afectar la estructura de los liderazgos sociales, ya que desarticulan la organización en las comunidades por el miedo a la criminalización, por lo que se trata de mantener a la población desarticulada, desmovilizada y sobre todo callada.

Según cifras del comité por la liberación de los presos políticos, ha identificado a 178 personas que han sido acusadas por oponerse a los fraudes electorales, también nueve defensores de comunidades están recluidos, dos oponentes políticos siguen presos y 19 manifestantes han sido criminalízanos.

El Estado siempre ha criminalizado, pero desde el 2009 se empezaron a incrementar estos casos, porque han creado institucionalidad para criminalizar a todos los opositores políticos, dijo Agurcia.

También, en este caso los observadores internacionales encontraron diversas irregularidades en el proceso de justicia que ha implementado el MP y el Poder Judicial y declararon que es algo arbitrario, ya que no hay ninguna prueba acusatoria para tener presas a estas personas, manifestó Carlos Sánchez, abogado del bufete de la clínica jurídica la Universidad de Virginia, quienes han analizado este caso y dado seguimiento.

El MP hondureño está pidiendo una extensión ilegal de presión preventiva, a pesar de que las Naciones Unidas declaró que fue una detención arbitraria, por lo que se espera que el Poder Judicial no haga caso y actúe conforme a la justicia y no siga cometiendo violación a los derechos humanos de estos defensores, concluyó Sánchez.