ETA e IOTA dejaron impactos desastrosos en las economías de trabajadores y empresas, principalmente en el sector agrícola.
Las empresas generalmente están aseguradas y de una u otra forma acceden a los créditos necesarios para su recuperación, pero; ¿y los trabajadores? Estos en un mundo lógico, deberían ser auxiliados por el estado, brindándoles el apoyo necesario para reponer sus hogares con los materiales básicos, retornar al trabajo y ubicar de nuevo el engranaje que mueve el motor de un país.
Como era de esperarse, con un régimen corrupto como el que gobierna Honduras, no habría ningún tipo de respuesta para las personas que sufrieron en carne propia los huracanes, también se predecía que esto iba ser una coyuntura para pedir fondos a gobiernos de otros países y a instituciones financieras internacionales, que tampoco llegarían a invertirse en la población afectada, una calca exacta de lo que sucede con los fondos para “combatir el COVID19.
Pero el Movimiento Sindical se caracteriza por su solidaridad y respondió de manera inmediata, a nivel nacional diferentes sindicatos y federaciones respondieron con apoyo en diferentes aspectos.
En el caso de STAS y FESTAGRO la perdida no solo se manifestó en sus afiliados/as, también su oficina quedo destruida, inservible, con agua y lodo, pero esto no limito su proyección, continúan realizando esfuerzos por compartir alimentación para trabajadores/as envueltos en una severa crisis.
Los impactos que esto tendrá en la estabilidad laboral no son alentadores, pero esa situación es una segunda fase, actualmente trabajadores y trabajadoras agrícolas del sector banano y palma urgen de ayuda humanitaria.
El único factor positivo que se puede sacar todo lo que ha sucedido es el enojo del pueblo, el resentimiento al abandono estatal, el robo de los fondos que deberían ser utilizados para la recuperación de sus vidas y se espera reciban el castigo correspondiente en las urnas.